Mientras en España hay autónomos asfixiados, jóvenes que no pueden emanciparse y servicios públicos saturados, el Gobierno de Pedro Sánchez decide enviar más de 5,2 millones de euros a Mozambique para “combatir la corrupción”, mediante contratos externalizados y estructuras cuya eficacia ni siquiera está clara para muchos contribuyentes.
La imagen es demoledora: un Ejecutivo que presume de transparencia mientras acumula polémicas, sospechas y desgaste político en casa, repartiendo dinero público a miles de kilómetros como si aquí sobrara hasta el último céntimo. Resulta difícil pedir sacrificios fiscales a los españoles cuando luego se financian programas opacos en países extranjeros, mientras los ciudadanos sienten que la corrupción, el despilfarro y la desconexión política siguen campando a sus anchas dentro de nuestras propias instituciones.
Una decisión controvertida
5,2 millones de euros
Este tipo de decisiones generan un gran malestar en la población, que observa cómo se destinan recursos a iniciativas en el exterior cuando las necesidades internas son apremiantes. La preocupación por la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos se vuelve cada vez más relevante entre los ciudadanos.
