El término lawfare es utilizado como sinónimo de «guerra judicial», de uso abusivo de la justicia con finalidad política y de judicialización de la política. Claro que frente a ese sinónimo, el opuesto no debe ser la «politización de la justicia», sino estrictamente el del Estado de derecho. Que es el fundamento de todo sistema democrático con separación de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial–, garantizando la independencia y el respeto al poder judicial.
Actualmente, en España estamos viviendo una auténtica cacería contra la administración de justicia, atacando desde el Gobierno a los jueces que desarrollan procedimientos que afectan al entorno del presidente del Gobierno. La reacción del Gobierno a la decisión del juez Peinado de imponer a la esposa de Sánchez unas estrictas medidas cautelares para impedir una eventual salida suya de España y obligándola a comparecer ante un juzgado cada 15 días no tiene precedentes.
En el auto de apertura al juicio oral que podría realizarse ante un jurado popular, ha dictado unas medidas respecto a ella insólitas en una esposa del presidente del Gobierno. Retirarle el pasaporte se considera excesivo y opinan que es una maniobra política y no jurídica. El resultado de todo ello es lamentable, con un ataque insólito del Gobierno contra el juez instructor, que llega al insulto personal con términos nunca escuchados, siendo la ministra Diana Morant quien actúa como la portavoz gubernamental de esta lamentable ofensiva. Lo cierto es que la justicia se ha convertido en el enemigo declarado por parte del sanchismo, que la acusa de perseguirle por animadversión política. De tal manera que los casos judiciales que tienen por protagonistas a Ábalos, Cerdán y Koldo, o al hermano y la esposa del presidente, entre otros, serían consecuencia de ese lawfare contra la coalición «progresista» gubernamental. Aunque no ha estado afortunado el instructor al aludir a que la escolta podría facilitar su huida, siguiendo instrucciones del Gobierno al respecto, lo que es desconocer la acreditada profesionalidad de la Policía. El lema ante esta situación parece ser el de «yo con Begoña», cuando lo adecuado debería ser «yo con el Estado de Derecho».
Este lamentable espectáculo atenta contra su fundamento, que es el de una democracia parlamentaria occidental. Ciertamente es opinable este auto, que acusa de un riesgo de huida a la esposa del presidente, auxiliada por la Policía, y que no le hace ningún favor al prestigio de nuestro poder judicial, pero ello no justifica en absoluto la descalificación que el Gobierno hace sobre el juez. Con unas declaraciones que exceden a la mera crítica para ser auténticas injurias y calumnias con palabras insultantes hacia el instructor. Estamos viviendo una situación insoportable.
