José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, recibió 200.000 euros a través de un contrato de prestación de servicios cuya verdadera finalidad, según sostiene la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, era proporcionar una apariencia de legalidad a unos pagos que, de acuerdo con la investigación, respondían a las gestiones desarrolladas en favor del conglomerado empresarial peruano Grupo Gloria ante las autoridades de Bolivia. Documentación incorporada al atestado, conversaciones intervenidas a su secretaria y diversa documentación incautada durante el registro practicado en su oficina de la calle Ferraz permiten a los investigadores reconstruir con detalle el origen, la preparación y la ejecución de esa operativa.
Las pesquisas policiales a las que ha tenido acceso este periódico apuntan a que el expresidente se enriqueció durante años apoyándose en la red que investiga la Audiencia Nacional para que no apareciera su nombre. El informe policial parte de la detección de tres transferencias bancarias remitidas desde Perú a una cuenta de titularidad de Zapatero por un importe conjunto de 200.000 euros. Los pagos fueron realizados los días 2 de julio de 2024, 20 de junio de 2025 y 24 de junio de 2025 por la mercantil Focus Social Research SAC, una sociedad peruana.
Sin embargo, la UDEF sostiene que esa empresa no fue la verdadera beneficiaria de los trabajos desarrollados por el expresidente. Al contrario. Los investigadores afirman que Focus Social Research habría actuado como una sociedad interpuesta y que los auténticos interesados en las gestiones eran personas vinculadas al Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú.
El informe resume esa conclusión de forma expresa. Tras analizar la documentación y las conversaciones intervenidas, la Policía afirma que los servicios prestados por Zapatero «no guardan relación con Focus Social Research SAC» y añade que dicha mercantil «habría sido empleada como sociedad interpuesta». La finalidad, según la investigación, consistía en tratar de mediar o influir en favor del Grupo Gloria en varios litigios millonarios que mantenía frente a la Administración boliviana.
La reconstrucción cronológica realizada por los agentes constituye uno de los aspectos más relevantes del informe. La UDEF sostiene que la secuencia seguida por todos los implicados refleja una planificación previa encaminada a dotar de cobertura documental al pago.
Los investigadores describen cómo el 13 de mayo de 2024 Ana María Ospina remitió a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, la versión definitiva del contrato de asesoría. Ese mismo día Ospina acudió personalmente a la oficina del expresidente. Poco después, desde esa misma oficina se remitió una factura por importe de 100.000 euros sustentada precisamente en ese contrato. Apenas unas horas más tarde, Ana María Ospina facilitó a Gertrudis el contacto del presidente del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, «para el presidente».
A partir de ese momento, según refleja el informe policial, desaparecen prácticamente las referencias a Focus Social Research y toda la actividad gira en torno al Grupo Gloria y a los litigios que este mantenía abiertos en Bolivia.
El 27 de mayo de 2024 Carmen Almendras remitió a la secretaria de Zapatero abundante documentación «sobre la consultoría». No se trataba de informes comerciales ni de estudios de mercado. La documentación incorporaba expedientes judiciales y administrativos relacionados con los conflictos que afectaban a Soboce, empresa perteneciente al Grupo Gloria, entre ellos una sentencia que condenaba a la compañía al pago de aproximadamente 107 millones de dólares por competencia desleal, comunicaciones dirigidas al Procurador General del Estado de Bolivia y documentos internos relativos a la estrategia jurídica del grupo.
Al día siguiente tuvo lugar una reunión por videoconferencia en la que, según la UDEF, participaron Zapatero, Carmen Almendras, Ana María Ospina, Luis Díaz Olivero, vicepresidente del Grupo Gloria, y Francisco Shwortshik, consejero delegado de Soboce.
Para los investigadores, ese encuentro resulta especialmente significativo porque evidencia que las gestiones desarrolladas por el expresidente estaban relacionadas exclusivamente con los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. El 24 de junio de 2024 Gertrudis Alcázar reclamó a Carmen Almendras tanto la firma del contrato como el pago de la factura y comenzó simultáneamente a organizar el viaje de Zapatero a Bolivia.
Cuatro días después, el 28 de junio, Focus Social Research ordenó una transferencia de 100.000 euros a favor del expresidente. El dinero fue abonado en su cuenta el 2 de julio de 2024. Ese mismo día, según recoge el informe policial, Ana María Ospina volvió a desplazarse a la oficina de Zapatero para tratar cuestiones relacionadas con sus honorarios y con la agenda del viaje, circunstancia que los investigadores consideran compatible con la entrega de la copia firmada del contrato.
La investigación también cita las actuaciones desarrolladas posteriormente para favorecer los intereses del Grupo Gloria ante las máximas autoridades bolivianas. A través de los mensajes intervenidos a Gertrudis Alcázar, la UDEF documenta contactos con la jefa de gabinete del presidente Luis Arce para organizar una conversación telefónica entre ambos mandatarios. Después de esa llamada, la secretaria solicitó igualmente el contacto del Procurador General del Estado siguiendo, según los mensajes incorporados al atestado, instrucciones del propio Zapatero.
Los agentes destacan además que la agenda intervenida confirma múltiples reuniones presenciales y por videoconferencia con responsables del Grupo Gloria, representantes diplomáticos y autoridades bolivianas durante los meses siguientes, lo que, a juicio de la UDEF, refuerza la hipótesis de que las actuaciones desarrolladas por el expresidente estaban directamente relacionadas con los intereses del conglomerado empresarial en los procedimientos que mantenía abiertos en Bolivia.
