La defensa jurídica de la tauromaquia ha trasladado su argumentación al plano parlamentario del norte peninsular. En el marco de las comparecencias informativas desarrolladas en la Junta General del Principado de Asturias, Fernando Navarro, experto y patrono de la Fundación Toro de Lidia, ha intervenido para frenar la reforma legal que busca restringir el acceso del público joven a las plazas de toros. El debate se ha formalizado en el seno de la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, donde se tramita una propuesta de modificación impulsada por los grupos Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS y el Grupo Mixto que pretende alterar la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y la Ley 4/2015 sobre Drogas y Bebidas Alcohólicas.
Durante su alocución ante los diputados, Navarro ha sostenido que el texto de la proposición carece de un interés real por la protección de la infancia, respondiendo en su lugar a criterios estrictamente partidistas encaminados a forzar la desaparición de la actividad taurina tras los reveses judiciales sufridos a nivel estatal. El portavoz ha desgranado los 3 ejes de la reforma, indicando que el sector no se opone a la colocación de carteles que adviertan sobre la sensibilidad del espectáculo. No obstante, ha calificado esta medida y la regulación del consumo de alcohol como herramientas de presión económica diseñadas para mermar los ingresos organizativos bajo el pretexto de la salud del ciudadano.
El punto de mayor fricción jurídica se centra en la propuesta de prohibir la entrada a los recintos taurinos a los menores de 16 años. La Fundación Toro de Lidia ha manifestado su disconformidad absoluta con este veto al considerar que lesiona los derechos fundamentales de los jóvenes. Para fundamentar este rechazo, el ponente ha invocado el marco normativo internacional y nacional, apoyándose de forma explícita en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y en el artículo 7 de la Ley del Menor de España de 1996, textos legales que blindan el derecho a la libre participación en la vida cultural y comunitaria.
La argumentación sectorial ha expuesto una notable paradoja dentro del actual ordenamiento jurídico español en materia de capacidad de decisión de la juventud. Navarro ha recordado que la legislación vigente faculta a los menores de entre 14 y 16 años para adoptar decisiones de gran calado personal, tales como interrumpir el embarazo, tramitar el cambio de sexo registral, testar o conducir ciclomotores con autorización de los tutores. Bajo este prisma, el colectivo taurino tilda de incoherencia y arbitrariedad que el mismo rango de edad sea considerado legalmente incapaz a la hora de decidir si asiste como espectador a una corrida de toros.
Finalmente, la comparecencia ha puesto en duda la propia coherencia administrativa del proceso legislativo en la cámara asturiana. El representante sectorial ha señalado el error de competencias que supone debatir una normativa referida a la infancia y las libertades civiles en una comisión dedicada a la movilidad y el medio ambiente. Desde una perspectiva formal, el colectivo sostiene que la materia debería estar supervisada por las direcciones generales del Gobierno especializadas en familia y salud pública, rechazando asimismo el estigma de conflictividad al recordar que las plazas registran un índice de detenciones prácticamente nulo frente a citas deportivas de masas.
