El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró el pasado 17 de junio que tardaría una semana o diez días en solicitar una comparecencia voluntaria ante el juez que le investiga para aclarar el origen de sus joyas, valoradas en 1,3 millones de euros. Han pasado casi 20 días y la defensa del exdirigente socialista aún no ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional que se celebre la declaración.
Mientras tanto, el exlíder del Ejecutivo permanece imputado en una pieza separada por delitos de fraude fiscal y contrabando. Esta pieza separada aborda el origen «en estos momentos desconocido» de las joyas, en palabras del juez José Luis Calama. En la pieza central se investigan el presunto tráfico de influencias de Zapatero en favor de Plus Ultra y el cobro de mordidas canalizadas mediante un entramado societario que controlaba Julio Martínez Martínez. El juez ofreció a la Agencia Tributaria que se personara como perjudicada en la pieza separada y el organismo de Hacienda decidió hacerlo la pasada semana.
La imputación de Zapatero se conoció el 19 de mayo, y ese mismo día la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el despacho del exdirigente, sito en la calle Ferraz. Los agentes encontraron allí, dentro de una caja fuerte, una colección de brillantes, pulseras, gargantillas y demás alhajas que fueron enviadas a la joyería Ansorena para su tasación oficial. El valor estimado por la joyería es de 1.323.915 euros. Se trata de una cifra ampliamente superior a la estimación que había dado previamente el portavoz oficial de Zapatero, Luis Arroyo, que situó su valor entre los 30.000 y los 50.000 euros.
La tasación dio pie a que el juez José Luis Calama imputara dos nuevos delitos a Zapatero el 12 de junio. En su escrito, el magistrado de la Audiencia Nacional apuntó que el origen del ajuar no estaba «justificado» y señaló que «la ausencia de trazabilidad fiscal» de los «bienes de lujo de elevado valor» constituye «un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante».
Calama expuso que Zapatero se habría beneficiado de una «ganancia patrimonial no justificada en el IRPF» y añadió que el «tipo marginal aplicable» rondaría el 46% del valor de estas joyas que guardaba en una caja fuerte. De modo que la «cuota defraudada» superaría «el umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros». En conclusión, el fraude presuntamente cometido por Zapatero al no declarar la posesión de su ajuar entra en el ámbito del delito penal.
A su vez, José Luis Calama imputó al expresidente un delito de contrabando por la «introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros». «Tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles», dice el auto.
El juez dictó su escrito el 12 de junio, cinco días antes de la fecha en la que estaba señalada la declaración de Zapatero como imputado. El letrado del expresidente, Víctor Moreno, pidió aplazar la declaración únicamente en lo relativo a las joyas. Dado que el juez se negó, el expresidente se acogió a su derecho a no declarar cuando Calama le preguntó por las alhajas. Fue entonces cuando explicó que necesitaba tiempo para recabar la información necesaria y anunció que al cabo de una semana o diez días solicitaría declarar de forma voluntaria. Esto aún no ha sucedido.
La declaración de Julio Martínez en el horizonte
En el horizonte del caso Zapatero está la declaración de Julio Martínez Martínez, socio y amigo del expresidente que está llamado a comparecer ante el juez el próximo 21 de julio. La declaración de Martínez Martínez podría ser muy relevante porque su papel en la trama fue clave. «Julito», «el tocayo» o el «lacayo» de Zapatero, según aludían a él los directivos de Plus Ultra, mantenía una estrecha amistad con Zapatero. Además, según la instrucción, se encargaba de gestionar las presuntas mordidas millonarias que cobraba el expresidente a través de un complejo entramado de empresas pantalla al que los investigados se referían como la «finance boutique». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa a Martínez Martínez como el encargado de ejecutar las directrices de Zapatero.
«Julito» era también el nexo del expresidente del Gobierno con los directivos de la aerolínea Plus Ultra, que habrían pagado mordidas a cambio de que el exdirigente ejerciera su influencia en favor del rescate de 53 millones concedido por la SEPI con la autorización del Consejo de Ministros.
Esto sitúa al empresario ante un difícil panorama judicial y le convierte en un posible peligro para el expresidente de Ejecutivo, dado que podría decidirse por colaborar con la investigación en busca de una rebaja en una eventual condena, tal y como hizo el comisionista Víctor de Aldama.
En cualquier caso, Martínez Martínez tendrá la oportunidad el 21 de julio de refrendar o desmentir una de las partes clave de la declaración que realizó el expresidente del Gobierno ante el juez Calama. Se trata de los pagos de empresas de Martínez a Zapatero y a sus hijas. Análisis Relevante, central en la causa, abonó 490.780 euros al exdirigente socialista y otros 239.755 euros a Whathefav SL, la agencia de marketing de sus hijas.
En su declaración ante José Luis Calama, Zapatero admitió los pagos pero los enmarcó en la legalidad. Aseguró que Martínez Martínez le pagaba por servicios de asesoría y elaboración de informes, a la par que defendió el valor de los trabajos de la empresa de sus hijas. Por otro lado, el expresidente confirmó que no existe ningún contrato físico que justificara los pagos de Análisis Relevantes, en tanto que los encargos se realizaron de forma verbal y se pagaban al final de cada año. Julio Martínez podría apoyar esa misma tesis o abonar la de la UDEF, que sostiene que Análisis Relevante era una herramienta para pagar a Zapatero las mordidas de Plus Ultra.
