LR.- Si hay una constante en el comportamiento de los principales responsables de la Guardia Civil es la oficiosidad que marca sus relaciones con el poder político, algo poco usual en la trayectoria del Instituto Armado, hasta el punto de trastocar la jerarquía de intereses, pretiriendo los de la Justicia y la defensa de los ciudadanos en provecho del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Son varios los casos que dejan maltrecho el honor de la Benemérita ante la opinión pública, desde la cacicada sufrida por el coronel Pérez de los Cobos, corregida por el Tribunal Supremo, hasta los expedientes abiertos contra probos agentes que investigaban la corrupción en el entorno familiar del inquilino de La Moncloa, pasando por la utilización torticera de la representación del Instituto armado en la batalla política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y terminando por el espectáculo de la directora general de la Institución, Mercedes González, y el DAO del Instituto, teniente general Manuel Llamas, aferrándose a sus cargos pese a haber sido imputados por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, lo que costaría la suspensión del servicio a cualquier miembro de la Benemérita.
Ciertamente, el doble rasero es una de las constantes que rigen el comportamiento del actual Gobierno socialcomunista, por lo que no es cuestión de venir ahora a rasgarse las vestiduras, pero, al menos, podría pedirse a la señora González que no tomara por completamente estúpidos a los ciudadanos, con sus disquisiciones sobre si tomar café con una persona es, o no, participar en una reunión, en este caso, con quien ha resultado ser el factótum en las sombras de las cloacas del PSOE, Leire Díez, incursa en varios procedimientos judiciales y protagonista de una de las líneas de investigación que conducen a la supuesta financiación irregular del partido socialista.
Por supuesto, tanto González como Llamas han recibido el respaldo cerrado del Gobierno, cuestión que, últimamente, no garantiza nada, a tenor de cómo los distintos procedimientos judiciales que van llegando a la vista oral, vienen condenando sin excepción a todos y cada uno de aquellos a los que La Moncloa había declarado inocentes, preventivamente, claro. De hecho, al menos hasta el momento, la Justicia ha ido corroborando por unanimidad las investigaciones, análisis y planteamientos indiciarios que completan la labor de la UCO, criticada desconsideradamente por su propio jefe político en sede parlamentaria, y rechazando las argumentaciones de unas defensas a las que los intereses propios del Gobierno han dejado sin margen de maniobra.
Y, creemos, que la excusa del lawfare, u otras imaginerías surgidas de la propaganda gubernamental están causando poco efecto en una opinión pública que está al cabo de la calle de cómo el presidente del Gobierno viene utilizando cualquier recurso, con tal de permanecer en el poder, aunque sean unos meses más.
A costa, también, del prestigio de la Benemérita, porque no hay una institución del Estado que esté a salvo de la depredación del sanchismo.
