Gabriela Moreno.- El proceso de regularización de extranjeros en España impulsado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez solo tiene de «extraordinario» que constituye uno de los mayores fraudes migratorios ocurridos en el país: 400.000 solicitantes en situación irregular tramitan su residencia y permiso de trabajo temporal con documentos falsificados e incumplen con una estadía ininterrumpida de al menos cinco meses en el país antes del 1 de enero de 2026.
Un nuevo informe de Extranjería y Fronteras señala que quienes forman parte del grupo ingresaron a través de rutas aéreas, terrestres o combinando ambas luego de «la llamada» del mandatario socialista a gestionar un estatus dentro del territorio nacional.
Su convocatoria inédita está en crisis. La desinformación, improvisación y la división de opiniones en las instituciones ante la iniciativa derivó en una falta de control sobre los expedientes que hoy generan dudas sobre la transparencia del proceso.
El mandatario socialista detonó esta situación al interior de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional como consecuencia de la ambigüedad en las competencias durante la tramitación. Si bien las brigadas de Extranjería debían asumir las regularizaciones, el Gobierno improvisó externalizando la gestión del trámite con la integración de Correos y Tragsa (empresa pública dedicada a prestar servicios para la conservación del medio ambiente, desarrollo rural o ejecución de obras) en la revisión de las solicitudes.
Con ambos eligiendo la documentación de los solicitantes que termina en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) y sin los radares de la Policía en medio, las posibilidades de detectar fraudes migratorios en España se reducen.
Fuera de control
Todas las proyecciones hechas por el gobierno de Sánchez sobre el proceso de regularización –que comenzó el 20 de abril y se extendió hasta el 30 de junio– fallaron. Además de los fraudes migratorios que se registran hoy en España, las 500.000 solicitudes que estimó el Ministerio de Interior terminaron convirtiéndose en 1.174.968 expedientes.
Ante esta avalancha, que se sumó a las ya 608.000 solicitudes acogidas a trámite antes de la convocatoria, el mandatario asegura que el número actual se «barajaba» puertas adentro de la Moncloa. Sin embargo, este «primer hito» de su Plan de Integración y Convivencia Intercultural enmarcado en el «modelo de política migratoria basada en los derechos humanos y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social» es el más caótico de los ocho mecanismos implementados en España en las últimas dos décadas.
Las regularizaciones bajo el liderazgo de Pedro Sánchez superan las reportadas por sus antecesores, considerando que el expresidente José María Aznar cerró su mandato con la aprobación de la residencia a 200.000 extranjeros, mientras José Luis Rodríguez Zapatero sumó 578.000 residentes al censo.
Con un plazo de tres meses para resolver las peticiones, ahora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta recurre a la Política Territorial, instancia de la cual dependen las oficinas de extranjería en cada provincia, para sumar a sus 1.800 trabajadores al proceso, a cambio del pago de 10 euros por cada expediente que dejen resuelto para su posterior aprobación.
La medida intenta mitigar el colapso institucional que se profundiza con las 3000 peticiones, reclamos y consultas mensuales que reporta la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil desde enero. Detrás del número están quienes buscan respuestas a sus trámites y obligan a clasificar correos electrónicos, localizar expedientes –si existen–, revisar sus estado y emitir una contestación.
