José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, posiciona al exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero en el “centro” de una red organizada que supuestamente busca influir de manera ilegal entre autoridades tanto nacionales como internacionales, así como obtener decisiones administrativas y beneficios económicos para terceros. Esto se detalla en el auto que decide investigar al exjefe de Gobierno -el primero de la era democrática- y en el que describe el funcionamiento y los actores principales de esta organización hasta ahora, en la que, enfatiza, Zapatero “desempeña un papel de liderazgo estratégico”, con “responsabilidades de dirección y supervisión”, y establece conexiones institucionales y empresariales de alto nivel.
La oficina del exmandatario, ubicada en la calle Ferraz de Madrid y muy próxima a la sede del PSOE, era considerada por el juez como el “centro de coordinación de la red”, en el cual se dan instrucciones, se elaboran documentos y se organiza la operativa tanto financiera como societaria. Según el instructor, Zapatero se apoya en “colaboradores de confianza” para ello. El juez le imputa al exmandatario una participación directa en operaciones de considerable valor económico, “tales como las relacionadas con el ‘petcoke’, oro, compraventa de acciones o divisas”. Está convocado para declarar como investigado el 2 de junio.
El centro de credibilidad
Julio Martínez Martínez: implicado en el caso, es el compañero con quien Zapatero solía correr con frecuencia y, según el magistrado, era responsable de atraer clientes y de la administración de los pedidos. Calama lo describe como “el principal lugarteniente y figura destacada”. Dueño de la firma Análisis Relevante, era visto como un “sirviente” del ex presidente por los directivos de Plus Ultra.
María Gertrudis Alcázar: asistente de Zapatero. De acuerdo con Calama, se encargaba de la “preparación y formalización de la documentación” y por ello la ubica en un “tercer nivel” dentro de la conspiración.
Cristóbal Cano: el juez lo ve como el “organizador de la red empresarial y de la facturación ‘a medida’” y lo sitúa en un estatus equivalente al de Alcázar. Calama también menciona a los directores de diversas empresas que formarían parte de la red empresarial.
Plus Ultra y compañías que pagaban por consultorías ficticias
El magistrado opina que los usuarios de la red pagaban «sumas considerables por servicios de consultoría que no existían» y que esos recursos eran posteriormente repartidos en el círculo de Zapatero y Julio Martínez. Según el instructor, para ello se elaboraba documentación falsa, se manejaban los recursos a través de empresas sin actividad efectiva o se recurría a testaferros.
Se pueden identificar a varios clientes, incluyendo a los administradores de Plus Ultra, así como los de Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aunque estas también se presentan como sociedades instrumentales. El origen de este caso radica en la investigación relacionada con el préstamo otorgado a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia. En este sentido, destaca Rodolfo Reyes, un accionista de Plus Ultra, quien supuestamente habría instado a un colaborador a «tocar puertas» para obtener ayudas, mostrando interés en la de Zapatero, y estaba dispuesto a pagar, tal como también afirmaba el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien está siendo investigado en este asunto.
De acuerdo con las conversaciones interceptadas, el supuesto esquema en el cual el juez ubica a Zapatero establecía vínculos con funcionarios y actores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y diversas naciones.
Las compañías que utilizan la red
Examen Significativo: existen “pruebas contundentes” de que dicha compañía fungía como una “pieza clave” dentro de la “estructura criminal” y su función era la de mover capitales en el círculo de Zapatero. Recibía y redistribuía fondos en paralelo a acciones destinadas a impactar en la otorgación de subvenciones públicas. Según el juez, pone de manifiesto una mecánica “planificada para aparentar servicios de consultoría”. –
Whathefav: las descendientes de Zapatero actúan como sus “gestoras oficiales”. Se trataría de una “sociedad de finalidad” que obtenía recursos de clientes y de otras entidades instrumentales, producía “ingresos generales” y redistribuía pagos hacia el círculo del expresidente. Este martes se ha llevado a cabo su registro.
Idella Consultoría Estratégica: es representada por Julio Martínez y ejerce un “rol fundamental” en el supuesto desvío de los fondos al extranjero que se originan del acuerdo establecido con Plus Ultra, con el fin de no recibir en España el ingreso de 530.000 euros que se esperaba. Se trataba de la sociedad matriz de las entidades formadas en Dubai y su propietaria. Podría ser el “instrumento clave para organizar una estructura destinada a ocultar o redistribuir el potencial pago convenido con Plus Ultra hacia cuentas bancarias ubicadas en el extranjero”.
Softgestor: bajo la dirección de Carlos Alberto Parra, supuestamente tenía como propósito canalizar recursos al justificar pagos “a través de convenios de asesoría internacional que son intercambiables y sin contenido genuino”. Este martes también ha sido registrada.
Perspectiva Inteligente: dirigida por los hermanos Arnaldo Domingo y Alfredo Guillermo Amaro Chacón, la UDEF también ha solicitado datos de esta firma. Se trata de un acceso a capitales foráneos, que se presentan como una expansión de inversiones, y que posteriormente se utilizan para llevar a cabo contratos falsos con otras compañías de la red, como Análisis Relevante, según el juez.
Caletón Consultores SL: gestionada por Santiago Fernández Lena, es una entidad instrumental destinada a dirigir los recursos provenientes de Plus Ultra hacia las empresas de Julio Martínez.
Iot Domotic Europe: beneficiaria última de los recursos investigados, también llevaba a cabo transacciones sin justificación económica tangible y, de acuerdo con Calama, favorecía la falta de transparencia y la confusión sobre el origen y el destino de los recursos provenientes de la aerolínea.
Voli Analítica: utiliza entidades intermediarias para transferir recursos de Plus Ultra y genera facturas que confieren una ilusión de legalidad a las transacciones. El magistrado le asigna un “rol significativo”, subrayando la falta de personal adecuado o que existían facturas y pagos que no coincidían.
Affita SL: como propietario legítimo en ciertas transacciones, el magistrado opina que se utilizó igualmente para generar facturas, modificando fechas y conceptos, a fin de proporcionar un respaldo formal a los desembolsos. Se trata de un entramado confuso que, de acuerdo con el juez, tenía como objetivo ocultar el origen de los recursos y las ganancias conseguidas.
