El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha posicionado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el “vértice” de una presunta trama organizada. Esta estructura, según el magistrado, busca influir de manera ilícita sobre autoridades tanto nacionales como extranjeras para conseguir resoluciones administrativas y beneficios económicos para terceros. Así se detalla en el auto en el que se acuerda investigar al exmandatario, quien es el primero en democracia en enfrentarse a una situación de este tipo.
El juez señala que Zapatero desempeña un papel de liderazgo estratégico, ejerciendo funciones de dirección y control, además de mantener contactos institucionales y empresariales de alto nivel. La oficina del expresidente, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, es descrita como el “centro de coordinación” de esta red, donde se dan instrucciones, se elaboran documentos y se organizan las operaciones financieras.
El núcleo de confianza
Julio Martínez Martínez es otro de los investigados en esta causa. Se le identifica como el amigo habitual de Zapatero y el encargado de captar clientes y gestionar operativamente los encargos. El juez lo califica como el “lugarteniente principal” del expresidente. Propietario de la empresa Análisis Relevante, es considerado un “lacayo” por los responsables de Plus Ultra.
Por su parte, María Gertrudis Alcázar, quien se desempeña como secretaria de Zapatero, es señalada como responsable de la “elaboración y cobertura formal de la documentación”, lo que la sitúa en un “tercer nivel” dentro de la trama. Cristóbal Cano es descrito por el magistrado como el “gestor del entramado societario” y es considerado de igual importancia que Alcázar.
Plus Ultra y empresas que abonaban asesorías inexistentes
El juez argumenta que los clientes de la red pagaban “cantidades significativas” por servicios de asesoría que nunca existieron. Estos fondos eran luego redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y Martínez, utilizando documentación ficticia y sociedades sin actividad real, además de testaferros.
Entre los clientes identificados están los administradores de Plus Ultra, así como de otras sociedades consideradas instrumentales. La investigación sobre el préstamo otorgado a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el punto de partida de este caso. Se menciona a Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, quien supuestamente instó a un colaborador a “tocar puertas” para conseguir ayudas, mostrando interés en lograr la de Zapatero.
Las comunicaciones intervenidas revelan que el presunto entramado mantenía contactos con autoridades y operadoras económicas en países como Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.
Las empresas empleadas por la red
Análisis Relevante: se han encontrado “indicios sólidos” de que esta empresa era una “pieza instrumental” en la estructura delictiva, utilizada para canalizar fondos en favor de Zapatero. Esta entidad recibía y redistribuía recursos en relación a gestiones para influir en la concesión de ayudas públicas, simulando servicios de asesoría.
Whathefav: las hijas de Zapatero son las “administradoras formales”. Esta sociedad actuaba como una “sociedad finalista”, recibiendo fondos de clientes y de otras empresas instrumentales, generando “facturación genérica” y redistribuyendo pagos hacia el entorno del expresidente.
Idella Consulenza Strategica: representada por Julio Martínez, juega un “papel central” en el desvío de fondos al extranjero relacionados con el contrato de Plus Ultra. Era la matriz de las entidades creadas en Dubai, diseñada para ocultar o desplazar pagos hacia cuentas en el extranjero.
Softgestor: controlada por Carlos Alberto Parra, esta empresa supuestamente servía para canalizar fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría vacíos de contenido real.
Inteligencia Prospectiva: controlada por los hermanos Amaro Chacón, ha sido objeto de solicitud de información por parte de la UDEF. Se considera un punto de entrada de fondos extranjeros, simulando ampliaciones de capital que eran utilizadas para contratos ficticios con otras empresas de la red.
Caletón Consultores SL: gestionada por Santiago Fernández Lena, esta sociedad servía para canalizar fondos de Plus Ultra hacia empresas de Julio Martínez.
Iot Domotic Europe: es la receptora final de los fondos investigados, realizando operaciones sin causa económica real y contribuyendo a la opacidad del origen y destino de estos fondos.
Voli Analítica: canaliza fondos de Plus Ultra a través de sociedades interpuestas, emitiendo facturas para dar apariencia de legalidad a las operaciones. El juez le otorga un “papel relevante”, señalando la falta de medios personales y la existencia de facturas y cobros inconsistentes.
Affita SL: actúa como titular formal en algunas operaciones y se cree que fue utilizada para elaborar facturas, modificando fechas y conceptos para dar cobertura formal a los pagos. Este entramado buscaba ocultar el origen de los fondos y los beneficios obtenidos.
