Las estadísticas revelan que al menos 5403 colombianas, lo que representa el 30,7 % de los casos documentados entre 2017 y 2024, han conseguido su residencia tras presentar una denuncia por violencia de género. Este incremento coincide con un aumento significativo en la aprobación de permisos de residencia en España debido a esta causa, que ha crecido un 500 % desde 2018.
Las solicitudes de residencia han pasado de 617 en 2017 a 3758 en 2024, permitiendo a las mujeres que se declaran víctimas de violencia física o psicológica, así como de agresiones sexuales y amenazas, residir legalmente en el país.
Beneficios de la nueva normativa
Esta información proviene del último informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, que muestra cómo una nueva legislación permite la autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres que enfrentan “circunstancias excepcionales”, junto a algunos de sus familiares directos.
Con esta normativa, cualquier procedimiento sancionador previo por su situación administrativa irregular se anula, protegiendo así a las víctimas.
Estadísticas por nacionalidades
Las cifras indican que las colombianas lideran las solicitudes, seguidas de 5270 marroquíes (29,9 %), 1913 peruanas (10,9 %), 1815 hondureñas (10,3 %) y 1312 bolivianas (7,5 %). Otras nacionalidades como brasileñas y venezolanas también forman parte de este grupo.
En el caso de las colombianas, el aumento en la aprobación de residencias por violencia de género ha sido impresionante, pasando de 50 solicitudes en 2017 a 1620 en 2024, lo que representa un crecimiento del 3140 %. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha resaltado la importancia de esta normativa, que busca ser sensible a situaciones de violencia y discriminación.
Flexibilidad en los requisitos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha facilitado los requisitos para obtener la residencia en España para aquellas mujeres que presenten denuncias de violencia de género. Desde 2023, se ha dispuesto que se regularicen las mujeres extranjeras víctimas de este delito, sin importar su situación migratoria.
Esta decisión busca eliminar el miedo de las víctimas a denunciar, permitiendo que simplemente con una denuncia puedan obtener un permiso de residencia provisional por un año, que luego puede convertirse en definitivo.
Asistencia económica y búsqueda de asilo
Durante el tiempo que dure el proceso, todas las migrantes que denuncien violencia de género tienen derecho a recibir el Ingreso Mínimo Vital, que puede alcanzar hasta 1739 euros mensuales.
Además, España ha reconocido como refugiadas a 1588 mujeres y niñas por motivos de género entre enero y octubre de 2025, lo que representa el 65 % del total de beneficiarios durante este periodo. Las solicitudes de asilo en este contexto han aumentado considerablemente, triplicándose entre 2021 y 2024.
Desafíos y fraudes
Sin embargo, persisten dudas sobre la veracidad de algunos casos, lo que afecta la credibilidad de las estadísticas sobre violencia de género. En el programa VioGén del Ministerio del Interior, se recopila información sobre víctimas y se evalúa su riesgo, pero la falta de certezas es un problema.
En cuanto a la situación migratoria, la Unión Europea ha alertado sobre el riesgo que suponen las políticas de Sánchez, señalando que las disposiciones actuales podrían estar ignorando el Pacto de Migración y Asilo. Un informe indica una “epidemia de pasaportes perdidos” entre los solicitantes de residencia, sugiriendo que esta podría ser una estrategia para eludir controles.
