Durante años, la izquierda española construyó una auténtica religión política alrededor de los trajes de Francisco Camps. No eran simplemente unas prendas de vestir. Eran, según el relato dominante, la prueba definitiva de la corrupción estructural de la derecha. Editoriales, tertulias, manifestaciones de indignación y toneladas de propaganda política convirtieron aquel episodio en un símbolo nacional.
La tesis era simple: quien acepta regalos pierde autoridad moral para gobernar. Quien recibe favores compromete su independencia. Quien se beneficia de privilegios traiciona la confianza de los ciudadanos.
Era una doctrina presentada como absoluta, innegociable y universal. Hasta que dejó de convenir.
Porque cuando las polémicas afectan a dirigentes, familiares o entornos ideológicamente próximos a la izquierda, los principios desaparecen y son sustituidos por excusas. Lo que ayer era corrupción moral hoy es una anécdota. Lo que antes exigía dimisiones inmediatas ahora requiere prudencia. Lo que justificaba una condena política fulminante pasa a convertirse en una supuesta campaña de la derecha, una persecución mediática o una maniobra de distracción.
La diferencia no está en los hechos y en el carnet político del protagonista.
Durante décadas, la izquierda ha presumido de ocupar una supuesta posición de superioridad moral. No bastaba con defender determinadas políticas; además se presentaba como depositaria exclusiva de la ética pública. La derecha podía equivocarse. La izquierda, según su propio relato, encarnaba los valores.
Hoy ese relato hace aguas por todas partes.
Porque la verdadera prueba de los principios no consiste en aplicarlos contra los adversarios. La verdadera prueba consiste en aplicarlos contra los propios. Y ahí es donde demasiados referentes de la izquierda suspenden de forma estrepitosa.
Los mismos que hicieron carrera política denunciando privilegios parecen incómodos cuando los privilegios aparecen cerca de casa. Los mismos que exigían responsabilidades políticas por cuestiones mucho menores descubren ahora la importancia de los matices. Los mismos que convertían cualquier sospecha en una sentencia firme reclaman ahora garantías, contexto y cautela.
No hay nada malo en pedir garantías. Lo escandaloso es haberlas negado durante años a los demás.
El resultado es devastador. Millones de ciudadanos observan cómo la indignación pública funciona como un interruptor ideológico. Se activa cuando perjudica al rival y se apaga cuando amenaza a los aliados. La ética deja de ser un principio para convertirse en un instrumento de combate político. Y ya se sabe que cuando la moral se utiliza como arma partidista, termina perdiendo toda credibilidad.
Quizá la gran lección de este contraste entre los trajes de Camps y las polémicas actuales no sea quién tiene razón en cada caso concreto. La verdadera lección es mucho más incómoda: que buena parte de la izquierda que pasó años repartiendo certificados de decencia no estaba defendiendo principios universales, sino intereses circunstanciales.
Porque quien juzga con una vara a sus adversarios y con otra a los suyos no está practicando la ética y sí la hipocresía. Y pocas cosas han hecho más daño a la confianza de los españoles en la política que esa hipocresía elevada a doctrina.
