A7.- La campaña de descrédito contra el juez Juan Carlos Peinado ha alcanzado cotas difíciles de justificar en una democracia madura. Su último «pecado» consiste en haber planteado la posibilidad de que los escoltas de Begoña Gómez pudieran facilitar una eventual fuga. Bastó esa advertencia para que se desatara una tormenta de indignación política y mediática. Se le acusa de haber cruzado una línea roja, de haber formulado una hipótesis absurda e incluso de poner bajo sospecha a servidores públicos que cumplen con su deber.
Pero quienes hoy se rasgan las vestiduras deberían responder a una pregunta muy sencilla: ¿de verdad es tan inconcebible lo que plantea el juez?
La reacción escandalizada parte de una premisa tan ingenua como falsa: que la pertenencia a un cuerpo policial o de seguridad convierte automáticamente a una persona en incapaz de actuar al margen de sus obligaciones. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Los uniformes no garantizan la infalibilidad humana. Nunca lo han hecho.
Ahí está el precedente de Carles Puigdemont. Tras años huyendo de la Justicia española, protagonizó una surrealista aparición en Barcelona en agosto de 2024 y volvió a desaparecer sin que pudiera ejecutarse la orden de detención que pesaba sobre él. Aquellos hechos dieron lugar a investigaciones sobre la actuación de determinados miembros de los Mossos d’Esquadra. Es decir, la mera posibilidad de que agentes públicos pudieran contribuir, por acción u omisión, a frustrar la acción de la Justicia no solo no era una fantasía delirante, sino una cuestión suficientemente seria como para ser objeto de investigación.
Entonces, ¿por qué lo que era una hipótesis legítima en un caso se convierte ahora en una herejía intolerable en otro?
La respuesta es evidente: porque no se está juzgando el criterio del juez, sino la identidad de la persona afectada. Si la advertencia hubiera recaído sobre un dirigente de la oposición, muchos de los que hoy gritan «escándalo» estarían aplaudiendo la prudencia judicial. Si el entorno investigado perteneciera a otro espacio político, la misma hipótesis sería presentada como una medida elemental de cautela.
