En la política española parece haberse impuesto una curiosa regla no escrita: las alianzas no se juzgan por lo que hacen, sino por quién las firma. El mismo pacto que unos consideran una expresión legítima de la democracia se convierte, si cambia de protagonista, en una amenaza para el sistema.
Durante años se ha repetido que el Partido Popular no debería gobernar si necesita el apoyo de Vox. Se ha llegado a afirmar que cualquier acuerdo con ese partido supone cruzar una línea roja moral. La exigencia implícita es clara: si el PP quiere gobernar, debe hacerlo con mayoría absoluta. De lo contrario, debería renunciar al poder aunque haya obtenido más respaldo que sus adversarios.
Sin embargo, esa misma lógica desaparece cuando el protagonista es el PSOE. Entonces pactar con Bildu, con partidos independentistas o con formaciones cuyo objetivo declarado es debilitar el modelo territorial del Estado deja de ser un problema para convertirse en una muestra de diálogo, pluralidad y cultura democrática.
La pregunta resulta inevitable: ¿por qué unos votos son legítimos y otros no? ¿Quién decide qué millones de españoles tienen representantes aceptables y cuáles deben ser excluidos del juego político?
En una democracia parlamentaria, gobernar mediante acuerdos forma parte de la normalidad institucional. Ningún partido tiene un derecho natural a gobernar en solitario. Si el PSOE puede construir mayorías con partidos que defienden la independencia de parte del territorio nacional o que mantienen una historia profundamente controvertida, resulta difícil sostener que el PP no pueda hacer lo mismo con Vox simplemente porque una parte del espectro político lo considere inaceptable.
La paradoja es evidente. Al PSOE nunca se le exige la mayoría absoluta para gobernar. Basta con que reúna los apoyos suficientes en el Congreso, aunque estos procedan de partidos con intereses muy alejados entre sí. Al PP, en cambio, parece exigírsele una condición adicional: ganar por una diferencia tan amplia que no necesite negociar con nadie.
La democracia consiste precisamente en aceptar que los gobiernos se forman mediante mayorías parlamentarias, siempre dentro de la Constitución y de la legalidad vigente. Convertir unas alianzas en moralmente superiores y otras en intrínsecamente ilegítimas no fortalece la democracia; la convierte en un terreno donde las reglas cambian según quién ocupe el poder.
Esto no significa que todas las fuerzas políticas sean iguales ni que todas sus propuestas merezcan el mismo respaldo. Es perfectamente legítimo discrepar de Vox, de Bildu, de los partidos independentistas o de cualquier otra formación. Lo discutible es aplicar criterios distintos dependiendo del color político del partido que necesita esos apoyos.
Si se considera que determinados pactos son inaceptables por razones éticas o políticas, ese criterio debería aplicarse con la misma exigencia a todos los partidos. Si, por el contrario, se acepta que la aritmética parlamentaria obliga a negociar, entonces esa aceptación también debería ser igual para todos.
La democracia no puede sostenerse sobre un principio según el cual unos necesitan mayoría absoluta para gobernar mientras otros pueden hacerlo mediante cualquier combinación parlamentaria. Las reglas deben ser las mismas para todos, porque de lo contrario dejan de ser reglas y pasan a ser instrumentos de conveniencia política.
El verdadero debate no debería centrarse en quién pacta, sino en qué políticas se acuerdan, si respetan el marco constitucional y si los ciudadanos pueden premiarlas o castigarlas en las urnas. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de doble moral política, donde la legitimidad depende menos de las normas democráticas que de la simpatía que despierte cada gobierno.
