Sergio Alonso.- Alrededor de 12,6 millones de personas viven en situación de pobreza y exclusión social en nuestro país. Representan en torno a un 25,7% de la población y el porcentaje no ha descendido en más de una década. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social destripa con precisión de relojero suizo la situación real de España ocho años después de Gobierno sanchista. Una España de la que no hablan ni el presidente ni sus ministros cuando alardean del crecimiento económico y los datos de empleo, pero que está ahí presente, a la vista de todo aquel que la quiera mirar, y que golpea de lleno a las familias, monoparentales o no, las personas con discapacidad, la población migrante, los asalariados puros y duros y la infancia, la más perjudicada.
En esta tesitura, con la actual velocidad de crucero y manteniendo las políticas sociales vigentes, tardaríamos 257 años en eliminar dicho empobrecimiento, que se elevarían a 268 años en el caso de las mujeres, ese colectivo al que el socialcomunismo tanto asegura defender. El informe pone énfasis en algunos de los factores generadores de dicha pobreza. Si hace años se centraban básicamente en el empleo o en su falta de él, ahora penetra con fuerza como elemento clave la vivienda, el gran fracaso de Pedro Sánchez y los socios ultras que le respaldan, por mucho que traten ahora de culpar a las autonomías de la falta de oferta, la proliferación de los fondos buitre y el encarecimiento disparatado de los precios.
La contrapartida de esta falta acuciante de recursos, de esta angustia vital que azota de lleno a millones de personas, de esta carestía hasta de productos básicos, de esta cuantificación en cifras del fracaso de la política y de los políticos que nos gobiernan, es el incremento de beneficiarios de subsidios como la Renta Mínima Vital y el reparto desigual de las ayudas entre los perceptores. La Comisión Europea ha instado precisamente a España a reequilibrar el gasto social entre generaciones para combatir con mayores garantías la pobreza infantil, apartado en el que nuestro país se encuentra también a la cabeza de Europa.
Otra gran vergüenza. La conclusión de estos y otros muchos datos dispersos ya en decenas de informes es que cada vez hay más gente con menos recursos y las ayudas que se dedican a paliarlo están mal diseñadas y peor repartidas. La otra cara de esta tragedia es que se está generalizando un país dependiente del Estado, en donde la mera subsistencia depende de las dádivas que reparta el poder que lo dirige. El sumun del ideario de la izquierda, tan bien ensayado en varios países suramericanos con los resultados que todos conocemos. Como dijo el fraile y escritor Francisco de Eixímenis en el siglo XIV, al pobre hay que darle trabajo, no limosna, aunque cientos de años después España aún lo haga al revés.
La guinda a este pastel llega con la regularización masiva. Isabel Díaz Ayuso, que no da puntada sin hilo, lo dejó muy claro el pasado jueves en la Asamblea de Madrid. A su juicio, además de una estafa electoral en toda regla, implicará «importar pobreza masiva». Ya se sabe que para la izquierda y la ultraizquierda el que se afana en lograr su supervivencia no tiene tiempo para discutir las decisiones del Estado y termina agradeciendo siempre lo que pueda darle éste, aunque sea una migaja.
