El juez Peinado ha decidido imponer medidas cautelares a Begoña Gómez que son de gran carga política. Entre estas medidas se encuentra la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Estas restricciones no solo afectan la libertad de movimiento de Gómez, sino que también reflejan la seriedad con la que se está tratando este caso en el sistema judicial.
Las acusaciones populares, que han solicitado estas medidas, argumentan que son necesarias para garantizar que Begoña Gómez no eluda la justicia. Sin embargo, muchos críticos han señalado que estas decisiones pueden tener un trasfondo político, dado el contexto en el que se desarrolla el juicio y la figura pública de Gómez.
Begoña Gómez ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses, en medio de acusaciones que la vinculan a irregularidades financieras y de corrupción. La apertura del juicio oral representa un momento crucial no solo para ella, sino también para el partido político que representa y para la imagen del gobierno actual.
La verdadera prueba de un Estado de derecho no consiste en cómo trata a los ciudadanos anónimos, sino en cómo actúa cuando quienes se encuentran bajo el foco judicial son personas próximas al poder, con influencia pública o capacidad para condicionar el debate político. Es precisamente en esos casos cuando la justicia debe demostrar que no existen privilegios y que la ley se aplica con el mismo rigor para todos.
Las medidas cautelares forman parte de los instrumentos legítimos de los que dispone cualquier sistema judicial moderno para proteger una investigación y garantizar que el proceso se desarrolle sin obstáculos. No constituyen una condena ni prejuzgan la culpabilidad de nadie. Son decisiones temporales, sometidas a control judicial y destinadas a preservar la integridad del procedimiento.
Por eso resulta difícil sostener que una persona deba quedar al margen de estas medidas cuando concurren los requisitos legales que sí justificarían su aplicación a cualquier otro ciudadano. La justicia no puede funcionar con un doble rasero. Si las circunstancias objetivas aconsejan la adopción de medidas cautelares, estas deben acordarse con independencia del apellido, la posición social, la cercanía al Gobierno o la repercusión mediática del caso.
Lo contrario tendría consecuencias devastadoras para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La sensación de que existen personas que disfrutan de una protección especial frente a decisiones judiciales ordinarias alimenta el descrédito de la justicia y refuerza la percepción de que hay una élite situada por encima de las reglas comunes.
Quienes se oponen a cualquier medida cautelar en determinados casos suelen invocar la presunción de inocencia. Sin embargo, ese argumento confunde deliberadamente dos conceptos distintos. La presunción de inocencia significa que nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia firme. No significa que una investigación deba desarrollarse sin las garantías procesales que la ley contempla para evitar riesgos, proteger pruebas o asegurar el buen fin del procedimiento.
La igualdad ante la ley no admite excepciones de conveniencia política. Si un ciudadano corriente estaría sometido a determinadas cautelas en una situación semejante, resulta incompatible con los principios democráticos sostener que otra persona debe quedar exenta únicamente por su relevancia pública o por las consecuencias políticas que pueda generar la decisión judicial.
La cuestión de fondo es sencilla: o todos los ciudadanos son iguales ante la ley o algunos disfrutan de una categoría especial de protección. No existe una tercera vía. Defender la aplicación de medidas cautelares cuando la ley las permite no es un ataque contra nadie; es una defensa del principio básico sobre el que descansa cualquier democracia liberal: que el poder no otorga inmunidad y que la justicia debe actuar sin miedo, sin favoritismos y sin privilegios.
Si algún día los tribunales empezaran a modular sus decisiones en función de quién es el investigado y no de cuáles son los hechos, la igualdad ante la ley dejaría de ser un principio constitucional para convertirse en una mera declaración retórica. Y una democracia no puede permitirse ese lujo.
