El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este miércoles que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 10.000 miembros de pandillas desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según cifras que recoge el diario La Razón.
Según informó el DHS, el arresto número 10.000 correspondió a Javier Hernández Rosas, identificado como integrante de la organización criminal MS-13 y en situación ilegal en Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el detenido, de nacionalidad mexicana, acumulaba antecedentes por posesión de cocaína, además de arrestos previos por secuestro y tenencia de armas.
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió los resultados de la ofensiva contra las bandas y vinculó parte de la criminalidad actual a decisiones adoptadas durante la anterior Administración demócrata de Joe Biden.
«Gracias a la Ley de Seguridad en Estados Unidos, el ICE cuenta con mayor capacidad para arrestar a aún más criminales en los barrios estadounidenses», afirmó Mullin en un comunicado difundido por el departamento.
El responsable de Seguridad Nacional añadió que «muchos de estos pandilleros fueron liberados en nuestro país por Joe Biden». Asimismo, sostuvo que estos delincuentes «asesinaron, agredieron, robaron y aterrorizaron a estadounidenses inocentes por diversión».
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado una importante victoria al presidente Donald Trump al reconocer la capacidad del Gobierno para impedir que los inmigrantes crucen desde México y soliciten asilo una vez dentro del territorio norteamericano.
La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, permite recuperar la política conocida como metering, mediante la cual los agentes fronterizos pueden limitar o suspender la entrada de solicitantes cuando los puestos de control carezcan de capacidad para tramitar nuevas peticiones.
La mayoría revocó así una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que había considerado ilegal bloquear a quienes se presentaban ante los agentes aunque todavía permanecieran en suelo mexicano.
No existe derecho de asilo antes de cruzar
La ley estadounidense permite solicitar asilo a cualquier extranjero que esté físicamente presente en el país o que «llegue» a Estados Unidos. El debate judicial se centró en el significado de esa expresión. El Supremo concluyó que una persona situada en México no ha «llegado» a Estados Unidos simplemente por intentar cruzar o presentarse ante un agente fronterizo.
Por tanto, los inmigrantes deben haber atravesado completamente la frontera para activar el derecho legal a presentar una solicitud. La sentencia refuerza una idea elemental defendida por la Administración Trump: Estados Unidos conserva el derecho a controlar quién pone un pie en su territorio.
Una herramienta para frenar nuevas avalanchas
La política fue aplicada inicialmente durante el Gobierno de Barack Obama en 2016, ante la llegada masiva de haitianos a la frontera de San Diego. Trump la amplió durante su primer mandato a los principales puntos de entrada del sur del país, pero Joe Biden la eliminó en 2021.
La Administración republicana había solicitado al Supremo recuperar la capacidad de utilizarla si se produce una nueva avalancha migratoria. El fallo no significa que la medida vaya a aplicarse inmediatamente, pero entrega al Gobierno una herramienta decisiva para impedir que el sistema de asilo vuelva a convertirse en una vía automática de entrada.
Cuatro millones de casos pendientes
Los tribunales migratorios estadounidenses acumulan cerca de cuatro millones de expedientes, con esperas que pueden prolongarse durante años. Durante ese tiempo, numerosos solicitantes permanecen dentro del país aunque finalmente sus peticiones sean rechazadas.
Los defensores de las fronteras sostienen que este sistema incentiva las llegadas masivas y permite utilizar el asilo como mecanismo para acceder de hecho a Estados Unidos. Los tres jueces progresistas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— rechazaron la decisión. Sotomayor leyó desde el tribunal un resumen de su voto particular.
La mayoría, sin embargo, estableció que la legislación norteamericana no obliga al Estado a permitir la entrada de quienes todavía se encuentran fuera del país.
