Juan Gonzalo Ospina denuncia que el objetivo es detenerle, considerando la medida desproporcionada.
El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina y Vito Quiles en televisión.La situación judicial que rodea al periodista y comunicador Vito Quiles ha dado un nuevo giro después de que su defensa penal denunciara públicamente que el Juzgado de Instrucción encargado del procedimiento habría rechazado la posibilidad de que el comunicador compareciera voluntariamente ante la Justicia, manteniendo activa la orden de búsqueda y detención dictada en su contra.
Lejos de esconderse o tratar de eludir la actuación judicial, el abogado de Quiles, el penalista Juan Gonzalo Ospina, sostiene que desde el primer momento se intentó regularizar la situación procesal y poner al periodista a disposición del juzgado de manera inmediata y asistido por abogado y procurador.
Según explicó el propio letrado en distintas intervenciones públicas, la defensa tuvo conocimiento de la existencia de la orden de detención a través de los medios de comunicación y no mediante notificación formal alguna. Tras ello, el despacho se personó de inmediato en el procedimiento y solicitó acceso íntegro a las actuaciones, así como la retirada de la orden de búsqueda para facilitar una comparecencia voluntaria del investigado.
Sin embargo, siempre según la versión trasladada por la defensa, la respuesta recibida desde el órgano judicial fue que, en caso de acudir Vito Quiles al juzgado, sería detenido igualmente, rechazándose la posibilidad de que compareciera libremente ante la autoridad judicial para prestar declaración.
Juan Gonzalo Ospina considera esta situación «anómala» y alejada de la práctica habitual de los tribunales españoles, recordando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de que un ciudadano sobre el que pesa una orden de búsqueda se ponga voluntariamente a disposición judicial para que sea el juez quien valore posteriormente las medidas a adoptar.
El abogado llegó incluso a afirmar que varios funcionarios le habrían trasladado expresamente que el objetivo era que Quiles acudiera detenido y no voluntariamente, unas manifestaciones que asegura haber documentado y que podrían dar lugar a futuras acciones legales por parte de la defensa.
Una orden de detención que el abogado penalista de Vito Quiles considera desproporcionada
Otro de los aspectos que más cuestiona el entorno jurídico de Quiles es la proporcionalidad de la medida adoptada.
Según sostiene Ospina, el procedimiento tendría su origen en una causa relacionada con presuntos delitos contra el honor, infracciones cuya pena prevista es esencialmente económica y que, en opinión del penalista, difícilmente justificarían la negativa a aceptar una comparecencia voluntaria de un investigado dispuesto a colaborar con la Justicia.
La defensa insiste además en que Vito Quiles jamás habría tenido voluntad de sustraerse a la acción judicial y niega que hubiera recibido las citaciones cuya incomparecencia habría motivado la orden de búsqueda y detención. De hecho, el propio abogado se preguntó públicamente a qué domicilio se habrían remitido dichas notificaciones y manifestó que su cliente siempre ha comparecido cuando ha sido debidamente citado en otros procedimientos judiciales en los que se encuentra personado.
Denuncias de persecución política
El caso ha trascendido rápidamente el ámbito estrictamente judicial para adquirir una evidente dimensión política y mediática.
El propio Vito Quiles ha denunciado que la actuación contra él responde a una persecución derivada de su actividad periodística y de las investigaciones y denuncias públicas realizadas durante los últimos años contra miembros del Gobierno y dirigentes de distintos partidos políticos.
La visita de agentes de la Policía Nacional a las instalaciones del medio de comunicación en el que desarrolla su actividad profesional, buscando ejecutar la orden judicial, contribuyó a aumentar la repercusión pública del caso y alimentó el debate sobre los límites entre la acción judicial y la libertad de información.
Desde distintos sectores se ha cuestionado si un periodista incómodo para el poder político está recibiendo un tratamiento especialmente severo, mientras otros recuerdan que cualquier actuación judicial debe analizarse exclusivamente desde criterios jurídicos y no políticos.
El ofrecimiento de Javier Milei
En medio de la polémica, el abogado de Quiles confirmó públicamente la existencia de conversaciones con el entorno del presidente argentino, Javier Milei, y reconoció que se habría producido un ofrecimiento para prestar ayuda al comunicador español en caso de que la situación se agravase.
No obstante, la defensa insiste en que su prioridad continúa siendo resolver el procedimiento dentro del marco jurídico español y lograr que su cliente pueda comparecer ante la Justicia con todas las garantías procesales y sin necesidad de una detención que consideran innecesaria.
A la espera de los próximos movimientos
Por el momento, la orden judicial continúa activa y el procedimiento sigue abierto mientras la defensa mantiene su disposición a colaborar con los tribunales y estudia posibles acciones legales derivadas de lo sucedido en los juzgados de Plaza de Castilla.
La evolución del caso será observada con atención tanto por el ámbito judicial como por el político y mediático, en un asunto que ha reabierto el debate sobre la proporcionalidad de determinadas medidas cautelares y sobre la relación entre la libertad de prensa, la crítica política y la actuación de los tribunales en España.
