El sanchismo instalado en el Gobierno, simplemente, parece aspirar a ganar tiempo ante su manifiesta incapacidad para gobernar. Dada su carencia de mayoría parlamentaria, que, como es sabido, le ha arrastrado hasta la insólita situación de no haber conseguido aprobar un solo Presupuesto en toda la legislatura. Lo que ya ha llevado a Feijóo a comprometerse a una reforma –con rango de ley orgánica– que obligue a dimitir y convocar elecciones al presidente que carezca de ellos en un plazo determinado.
Sin duda, es una muy necesaria reforma, para evitar que tan patética situación pudiera volver a repetirse en un futuro. Lo cierto es que esa exigencia no está explicitada literalmente ni en la Constitución ni en ninguna otra norma legal, pero ello es debido a ser considerada como una norma «no escrita» pero asumida como absolutamente obligatoria en una democracia parlamentaria. Donde se considera que la ley de Presupuestos cuantifica un programa de gobierno para cada ejercicio, de tal manera que carecer de ellos es incompatible con pretender permanecer en el ejecutivo. Eso era así, hasta que llegó Sánchez para «salvar la calidad de nuestra democracia», que «estaba amenazada por el PP».
Los más de 8 años instalado en La Moncloa permiten hacer un balance de esa gestión salvadora de nuestra democracia parlamentaria. Aunque basta y sobra para comprobarlo, volver a visualizar la intervención del portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso en defensa de la moción de censura presentada con esa finalidad. Que dicho portavoz fuera el diputado José Luis Ábalos es suficiente a esos efectos. Junto a esa reforma legal hay no pocas más que el sanchismo obliga a implementar para ahora ciertamente salvar, no ya la «calidad de nuestra democracia», sino su mera supervivencia como tal.
Una cuestión no menor a esos efectos es la situación política creada por el independentismo indultado y amnistiado por Sánchez para que le permitan seguir residiendo en La Moncloa. Al no haber expresado ningún arrepentimiento ni voluntad alguna de no reincidir en esa actuación política manifiestamente contraria a la Constitución, han polarizado el mapa político electoral entre los partidarios y opositores de tal conducta. Que en concreto impide materializar una moción de censura que requiere del apoyo de Junts para hacerla efectiva, junto al PP y Vox. Dado que el otro instrumento constitucional para hacer efectiva la caída del sanchismo es la «cuestión de confianza», que debe proponerla el propio presidente, pretende seguir así hasta 2027. Aunque si el 30 de septiembre próximo no presenta un proyecto de Presupuestos –como viene haciendo desde 2023– le será muy difícil continuar sin convocar elecciones. Entretanto, esperando nuevos votantes para el CERA.
