Pedro Sánchez sueña con verse retratado en la historia como el presidente del Gobierno con más capacidad de resistir en La Moncloa frente a las adversidades. Un deseo que tiene aún más relevancia si se atiende a las circunstancias: el Congreso ya le ha pedido que convoque elecciones. Ha perdido el apoyo de sus socios. Y no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos en toda la Legislatura.
Pero, mientras crece la presión judicial, Moncloa ha puesto el foco en una cuestión aparentemente técnica, aunque de enorme trascendencia política: ¿cuánto puede prolongarse legalmente el mandato actual? Ha llegado a solicitarse un informe para estudiar si existe margen para que la disolución de las Cortes se vincule a la fecha de constitución del Parlamento y no a la celebración de las últimas elecciones generales. Dicho de otra forma, explorar todas las posibilidades jurídicas que permitan arañar unas semanas más de poder, sea como sea.
Con PNV y Junts, Pedro Sánchez ha asumido el compromiso de que no haya un super domingo electoral –ya hizo lo mismo antes de las anteriores elecciones generales. Y nada más. Porque, aunque nacionalistas e independentistas estén avisando de que el ciclo está terminado, y debe convocar antes de que acabe el año, en Moncloa consideran que ninguno de sus socios irá más allá de tensar la cuerda.
Hay más debate en Junts, que en PNV, pero tampoco ven a los independentistas catalanes capaces de ejecutar el órdago en su estado actual de «debacle sin control», al margen de cuándo regrese Carles Puigdemont. El golpe de efecto del expresidente catalán lo tienen también ya amortizado en Junts, por lo que la situación política no puede ser «más dramática» ante el próximo ciclo electoral.
La consulta jurídica de Moncloa no es un debate menor. Las elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023, mientras que las nuevas Cortes quedaron constituidas el 17 de agosto, casi un mes después. Ese desfase temporal es el que ahora analiza Moncloa para comprobar si existe alguna interpretación jurídica que permita llevar la legislatura hasta el límite máximo posible. La iniciativa encaja con la forma de entender el poder que ha caracterizado a Sánchez desde que llegó a La Moncloa.
Si durante ocho años ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir a crisis políticas, derrotas electorales, investigaciones judiciales sobre su entorno y sucesivas minorías parlamentarias, ahora pretende hacer lo mismo con el tiempo. «No basta con resistir. El objetivo es agotar hasta el último día que permita el ordenamiento jurídico. No tiene ningún incentivo para irse un día antes, y resistir siempre puede traer alguna sorpresa», sentencian entre sus colaboradores.
En el Gobierno niegan oficialmente cualquier cálculo político y defienden que la legislatura concluirá «cuando corresponda». Pero el simple hecho de pedir un informe revela que el presidente quiere conocer todos los resquicios legales antes de tomar una decisión.
Esta obsesión por el calendario tiene, además, una evidente carga política. Sánchez es ya uno de los presidentes que más tiempo ha permanecido en el poder desde la Transición y su entorno siempre ha defendido que aspira a completar «una etapa histórica». Alargar la legislatura incluso unas semanas más reforzaría ese relato de resistencia que cree que ha convertido en su principal seña de identidad. No solo busca mantenerse en La Moncloa, también «construir una herencia política asociada a la permanencia y a la capacidad de sobrevivir donde otros habrían caído hace tiempo». Toda esta estrategia gira alrededor del «yo», a costa de los intereses del partido, que, a la vuelta de las vacaciones, encarará un nuevo ciclo electoral que, salvo sorpresa, tiene como meta volante las autonómicas y municipales de mayo. Y las perspectivas no pueden ser peores en un mapa territorial que ya es prácticamente un erial para el PSOE.
¿Qué puede hacer cambiar de opinión a Sánchez? Los suyos aseguran que «nada». Cree que al partido lo mantendrá callado evitando simplemente la coincidencia de las generales y las autonómicas y municipales. Hasta la posibilidad de una imputación del PSOE como persona jurídica tampoco la consideran un punto de inflexión. En Moncloa están convencidos de que la campaña de señalamiento de los jueces cala en su militancia y servirá, a su vez, para que ninguno de los socios se salga de tiesto. Es un blindaje «total», a costa de arrastrar la independencia judicial y el prestigio de instituciones sagradas como la Guardia Civil. Ahora bien, habrá que ver el efecto que tiene la evolución del calendario judicial, sobre todo en causas como las que afectan a Begoña Gómez y a las «cloacas del PSOE».
Mientras, el tiempo juega ya en sentido contrario para sus socios. Tanto el PNV como Junts empiezan a ver la prolongación de la legislatura más como un problema que como una oportunidad.
El desgaste del Gobierno amenaza con contaminar también a los nacionalistas vascos, que necesitan recuperar autonomía política y dejar de aparecer ligados a cada crisis del Ejecutivo.
En Junts, la situación es aún más delicada. El partido atraviesa una profunda crisis estratégica y electoral que el eventual regreso de Carles Puigdemont difícilmente resolverá por sí solo. La formación necesita recuperar un perfil propio frente al PSC y frente al resto del independentismo, algo incompatible con mantener a Sánchez en Moncloa, lo que revierte en estabilidad para Salvador Illa en Cataluña.
En PNV y Junts crece la convicción de que el ciclo político del presidente ha llegado a su final y que, cuanto más se prolongue, mayor será también el desgaste para quienes siguen sosteniéndolo. Necesitan empezar a construir el escenario posterior al sanchismo y dejar de caminar detrás de una agenda que ya no controlan.
Sin embargo, existe una contradicción que mantiene vivo al Ejecutivo. Ni el PNV ni Junts contemplan facilitar una moción de censura apoyada por Vox. El coste político de aparecer entregando el Gobierno a una mayoría formada por PP y Vox continúa siendo, para ambos, inasumible. Esa línea roja reduce enormemente su capacidad de presión, incluso teniendo a su favor el deterioro político del sanchismo. El presidente del Gobierno conoce perfectamente esta ecuación. «Sabe que sus socios pueden endurecer el discurso, elevar el precio o marcar distancias públicamente, pero también que carecen de una alternativa parlamentaria viable mientras rechacen cualquier operación que incluya a Vox.
Y ese margen es precisamente el que Sánchez intenta aprovechar para estirar la Legislatura superando todas las previsiones», explican las fuentes consultadas.
Por eso el informe solicitado sobre hasta dónde puede estirarse este mandato va mucho más allá de una cuestión jurídica: refleja una estrategia política basada en exprimir todos los instrumentos que ofrece el sistema para prolongar la permanencia en el poder.
El espejo de González le saca los colores
Felipe González convirtió su permanencia en La Moncloa en el mandato más largo de la democracia. Gobernó durante 13 años y cinco meses, entre diciembre de 1982 y mayo de 1996, después de cuatro victorias consecutivas en las urnas. Sin embargo, el último tramo de su etapa estuvo marcado por un profundo desgaste político, los casos de corrupción, la crisis derivada del GAL y una mayoría parlamentaria cada vez más precaria.
Con ese escenario, el entonces presidente optó por no agotar al máximo los tiempos que le permitía la legislatura. En enero de 1996 firmó la disolución de las Cortes y convocó elecciones anticipadas al considerar agotado el ciclo político y con escaso margen para recuperar la iniciativa. La decisión respondía a una realidad parlamentaria muy deteriorada.
